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México: cambio político y democracia delegativa

Análisis 5/2019

 

Armando Chaguaceda y Demián León

 

“Se equivocan menos los ciudadanos que los políticos. El pueblo tiene un instinto certero, es sabio: (que haya) consulta ciudadana  y que el ciudadano nos diga ‘quiero esto’ o ‘no quiero esto’.  En la democracia es el pueblo el que manda, el que decide.” Andrés Manuel López Obrador

 

Los comicios generales del 1º de julio de 2018 en México definieron un escenario político sin precedentes en la historia del país. En principio, la irrupción abrumadora de los candidatos de Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA iii), quienes obtuvieron la Presidencia de la República, la mayoría en las dos cámaras del Congreso de la Unión, cinco de nueve gubernaturas en disputa, superioridad en 19 congresos estatales y la victoria en cientos de ayuntamientos; se fusionó con una marcada debilidad electoral de los partidos tradicionales (Revolucionario Institucional –PRI–, Acción Nacional –PAN– y de la Revolución Democrática –PRD–).

Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por MORENA y los partidos del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES); ganó las elecciones a la Presidencia de la República con más de treinta millones de votos (lo que representó el 53% del total de sufragios emitidos iv). Para el Congreso federal, en su LXIV Legislatura (del 1º de septiembre de 2018 al 31 de agosto de 2021), los partidos de dicha coalición dispondrán de mayoría absoluta en ambas cámaras (es decir, el 50% más uno), lo cual podría allanar el camino al presidente para eventuales reformas constitucionales.

De acuerdo con diferentes análisis, la extensa victoria de MORENA obedecería a variados factores, entre los que sobresaldría: una fuerte popularidad de su candidato presidencial y líder histórico, quien fue reconocido como un luchador social con presencia política permanente y considerado como un agente disruptivo de oposición; una fuerte base social de un partido-movimiento naciente, que se ha catalogado de “auténtica” antítesis a los partidos tradicionales; fracaso de las últimas administraciones encabezadas por el PAN y el PRI (a quienes socialmente se les atribuye una fuerte carga negativa en temas como corrupción, violencia, inseguridad, pobreza, desigualdad, impunidad e incapacidad por la defensa de la soberanía) y la preferencia ciudadana por un cambio más determinante.

En ese sentido, lo anterior implica un nuevo diseño político en el país que se observará en la posibilidad de reformas constitucionales, cambios particulares en el ejercicio del poder (radicales, en algunas vertientes), elaboración de una distinta agenda política, económica y social (énfasis en otras prioridades), una reelaboración del entramado institucional y procesos diferentes de negociación política. Si bien el nuevo gobierno gozará, en su inicio, de una alta legitimidad, fuerte representatividad y valoración ciudadana; al mismo tiempo enfrentará un escenario adverso en muchas áreas (particularmente en los ámbitos económicos, sociales, de política exterior y de seguridad y justicia).

Las “altas expectativas” que un gobierno de “centro-izquierda” ha generado en importantes círculos de la población (particularmente vinculadas con mejora en la economía y disminución en los índices de corrupción e inseguridad) vienen acompañadas de un rango limitado de tolerancia social. Es decir, la ciudadanía podría exigir cambios y resultados favorables en un corto periodo de tiempo. De no observarse o materializarse explícitamente, el nivel de aprobación o simpatía por el nuevo gobierno podrá disminuir progresivamente e, inversamente, se elevaría la insatisfacción o frustración social.

No obstante, la oposición también enfrenta desafíos de alta magnitud: PRI, PAN y PRD deberán sortear vicisitudes en su interior (fracturas o desencuentros entre militantes, así como confrontaciones por el control de sus respectivos institutos políticos), posibles reformas estatutarias u operativas (en algunos casos se llama a la refundación del partido o, incluso, al cambio de nombre), reducción de sus prerrogativas (menor financiamiento público por disminución de votos favorables), deudas o compromisos económicos asumidos durante las recientes campañas, crisis histórica de los partidos y escenarios inéditos, debilidad legislativa, deterioro de su influencia política y escaso margen para la construcción de una alianza opositora a MORENA.

En este sentido, si bien el resultado electoral pasado confirmó un proceso de normalidad democrática, con el registro de la tercera alternancia en la Presidencia de la República en las últimas dos décadas (PRI-PAN en 2000; PAN-PRI en 2012 y PRI-MORENA en 2018); nuestra hipótesis decantaría por la creencia de que el escenario resultante, dadas las características del cambio político y la génesis, rasgos u orientación del nuevo presidente y su partido, podrían configurar en México una serie de riesgos hacia una etapa autocratizadora, una tendencia de rápido desarrollo hacia la democracia delegativa o una coyuntura de desdemocratización que, según el creador del término Charles Tilly (2007), es un retroceso o involución de un sistema democrático, con inciertas consecuencias para la vida sociopolítica nacional.

 

Cambio político

 

Para Vallès y Martí i Puig (2016) el cambio político es, en síntesis, la modificación de un orden establecido. Es decir, la consumación de una etapa de transformación y no de continuidad de ese orden político. Sin embargo, cuestionan sobre qué tipo de transformación se sucede. En tanto, describen que el cambio político incluye una serie o pluralidad de elementos que lo hacen posible y, al mismo tiempo, identifican dos grupos: los que siguen las reglas del juego vigente o los que se desarrollan al margen o con vulneración de las mismas.

En México, luego de las elecciones de 2018, podríamos estimar que dicha metamorfosis, en principio, fue el registro de un cambio de orientación política del gobierno como resultado de un proceso electoral, con el sufragio popular mayoritario, y no por presión, coerción o violencia. El cambio pudiese interpretarse como un fenómeno específicamente político y con la influencia y carisma de un líder (López Obrador) en combinación o bajo un contexto de debilidad y erosión de la autoridad institucional, declive de los partidos políticos tradicionales, incapacidad y descrédito de gobiernos previos para resolver problemas colectivos, desgaste del ejercicio del poder por parte del PAN y el PRI y la emergencia de una oposición creíble agrupada en un movimiento político predominantemente de centro izquierda, pero con elementos variopintos y de antiguos actores políticos relegados.

En este plano, el cambio político en el país, según lo expuesto por los autores previamente referidos, podría contener las siguientes características:

  • Alteración en la orientación de las diferentes políticas públicas;
  • Sustitución, y en menor medida confirmación, de los individuos y grupos que ocupan las principales posiciones institucionales;
  • Modificación paulatina de las reglas del juego y de las instituciones;
  • Cambio en la distribución territorial del poder con nuevas oportunidades de intervención política de algunos actores (MORENA) y reducción de oportunidades para otros (partidos tradicionales), producto de la modificación en la distribución de los recursos políticos y a la posición de los actores que deben acomodarse a ella;
  • Transformación en el ámbito simbólico, con alteración a valores sociales, a modos de legitimación o a culturas políticas dominantes. Se modifican las representaciones colectivas o la forma en que los actores perciben e interpretan las mismas relaciones políticas: nuevas formas de actuación y movilización de los actores, expresiones, reacciones ante un acontecimiento particular, de participación política, de la aceptación o rechazo del nuevo sistema de autoridad; y
  • Variación en la relación entre la estructura social y la actividad política. Modificación en el grado de autonomía de las instituciones políticas respecto de las relaciones económicas o en la concentración de la coacción legítima que es característica de la política.

 

Sin embargo, la pregunta que se mantiene o subyace es si el nuevo gobierno, que arribó al poder con las reglas propias del juego democrático, está motivado o con la tendencia por vulnerar las mismas e incurrir, como lo refiere Aguilar (2019), en una nueva “restauración autoritaria cíclica”, la cual conllevaría “la supresión del pluralismo efectivo, la centralización política y la competencia limitada”.

Una posible explicación a ello puede encontrarse en la biografía personal y política de López Obrador y el movimiento que lo apuntaló a la Presidencia. Originario de Tabasco, uno de los estados más pobres al sur de México, López Obrador ha sido, ante todo, un líder y luchador social, con una amplia trayectoria política desde la trinchera opositora, ex presidente del entonces principal partido de izquierda (PRD), jefe de gobierno del desaparecido Distrito Federal (actualmente Ciudad de México) y tres veces candidato presidencial (2006, 2012 y 2018).

Desde el comienzo de su brega política, López Obrador priorizó un acercamiento directo con la ciudadanía (o lo que él interpreta como “el pueblo”) con un discurso desde la exclusión y abiertamente antagónico a las élites políticas y económicas tradicionales o los grupos históricamente dominantes y, según Modonesi (2019) , con “dos clivajes fundamentales de clásica raigambre antioligárquica: el nacionalismo y el justicialismo; revitalizados por las luchas antineoliberales y la pugna por la restitución de un Estado de bienestar”.

En esencia, López Obrador también puede valorarse como una figura política híbrida, con rasgos democráticos, por un lado; y populistas, por el otro. Se le reconoce su lucha por el poder a través del juego democrático y sus instituciones; la canalización por las vías políticas y no violentas u armadas (en lo que se denominó como la “resistencia civil pacífica”) de la frustración de sus simpatizantes al estimarse afectados por los resultados de la elección presidencial de 2006 (quienes consideraron la supuesta existencia de un cúmulo de irregularidades de actores políticos y económicos para validar el triunfo del candidato del PAN) y la integración a sus equipos de trabajo de personas de variada trayectoria y posición ideológica, con la inclusión equitativa de mujeres.

No obstante, también ha sido cuestionado por una predisposición a la polarización en aras de diferenciar a los aliados y enemigos de su movimiento, de ser la figura central en la toma de decisiones, profundizar los antagonismos con actores económicos y políticos particulares, de tender por acciones políticas sin intermediarios; es decir, directamente dirigirse a su electorado; desdeñar las figuras o entes autónomos, desacreditar a la oposición y las visiones contrarias, invadir determinadas facultadas de los otros poderes del Estado y una proclividad a la trascendencia política al equipararse con personajes históricos fuertemente cimentados en el imaginario social de los mexicanos (v) y encabezar un movimiento de transformación política heredero de las grandes luchas como la Independencia, la Reforma y la Revolución.

Estos últimos rasgos, sumados al poder político adquirido y la amplia presencia legislativa de MORENA, convocan a la evaluación necesaria de los posibles riesgos de que el país se sumerja en una ola autocratizadora y en lo que se ha catalogado como democracia delegativa, en un marco de hegemonía presidencial, falencias democráticas históricas y debilidad propia de los actores de oposición (previamente adquirida u heredada y/o eventualmente generada por esta nueva corriente política).

 

Tercera ola autocratizadora y erosión democrática

 

A partir de los estudios y metodología desarrollados por el proyecto V-Dem (vi), los politólogos Anna Lührmann y Staffan I. Lindberg (2019) advierten sobre el advenimiento de una tercera ola autocratizadora. A diferencia de las dos previas –en el período de 1926 a 1942 y de 1961 a 1977–, la actual ola, que arrancó a mediados de los años 90, afecta a una mayoría de democracias establecidas. Y transita por momentos que abarcan la recesión –cuando el temprano proceso autocratizador tiene lugar dentro de las democracias–, la ruptura –cuando se produce el salto cualitativo de la democracia a la autocracia– y la consolidación de los regímenes autoritarios. Los contextos nacionales, los liderazgos y fortalezas de la oposición, la sociedad civil y la cultura política democrática marcan, entre otros factores, las trayectorias de cada caso.

Dentro de la actual ola, la erosión deviene de la táctica modelo de los aspirantes a autócrata. Estos llegan al poder legalmente –mediante elecciones– y gradualmente degradan, sin suprimirlas, las normas e instituciones democráticas. De hecho, cerca del 70 por ciento de todos los episodios autocratizadores contemporáneos son impulsados por mandatarios cuya legitimidad democrática de origen es incuestionable. Cambiar las constituciones, copar a los árbitros electorales, debilitar a la oposición, asediar a la sociedad civil y perseguir a los medios críticos: un menú autocratizante se replica, con independencia de los sustratos culturales y nacionales, a escala global.

Este proceso erosionador se conecta con los hallazgos recientes de los politólogos Aníbal Perez-Linan, Nicolás Schmidt y Daniela Vairo (2019), que revelan la relación existente entre el fenómeno de la hegemonía presidencial (entendida como la capacidad del ejecutivo para controlar los poderes legislativo y judicial) y los procesos de deterioro democrático en Latinoamérica. Cubriendo un período histórico de 1925 a 2016, los académicos analizaron la duración de los regímenes democráticos en 18 países de la región. El estudio concluye que la hegemonía presidencial ha sido un factor relevante en la inestabilidad de las democracias latinoamericanas.

Como causa y consecuencia de sucesivos deterioros de la calidad democrática, los presidentes hegemónicos usan su control sobre los otros poderes para debilitar a la oposición. Y, al debilitarla, amplían su control sobre otras instituciones democráticas. Una suerte de ruleta perversa, que debilita los contrapesos y agencia ciudadanos frente al todopoderoso ejecutivo. Un proceso en el que la polarización política rebasa la disputa originaria entre ejecutivo y opositores, abarcando a toda la sociedad. Como el trabajo de Pérez-Liñan y sus colegas explica, todo control unificado del ejecutivo sobre los otros poderes habilita al gobernante para degradar el proceso democrático. Las asimetrías de poder envalentonan al mandatario al redefinir, incluso, las fronteras de lo pautado bajo la constitución vigente.

Asimismo, fenómenos políticos contemporáneos, tanto la erosión democrática como la hegemonía presidencial, se ponen de manifiesto a través de ese tipo de régimen político que Guillermo O´Donnell (2011) identificó como democracia delegativa. Modo de concebir y ejercer el poder político caracterizado, entre otros, por los siguientes rasgos:

  • Emergencia contenciosa, como respuesta a graves crisis nacionales, de tipo socioeconómico y político;
  • Democraticidad (amplia) de origen -vía voto-, con amplios apoyos populares;
  • Democraticidad (acotada) de funcionamiento, mediante el mantenimiento, aún en condiciones de conflicto, de libertades política básicas, como las de expresión, reunión, prensa, asociación y movimiento;
  • Personalismo basado en líder irremplazable, que se erige en principal intérprete y encarnación de los intereses nacionales, colocado por encima de las diversas “partes” de la sociedad
  • Decisionismo, que considera un estorbo, para el actuar político del Ejecutivo, los contrapesos emanados de los poderes legislativo y judicial, así como de las instituciones de accountability horizontal -auditorías, fiscalías especializadas, defensores del pueblo, etcétera- y los medios de comunicación y organizaciones sociales autónomos; lo que lleva a esfuerzos por anular, cooptar y/o controlar esos entes;
  • Escasa consultividad y deliberación en la adopción de políticas públicas, impulsadas desde el Ejecutivo;
  • Movimientismo oficial: el presidente se concibe más como líder de un movimiento masivo y heterogéneo que como dirigente estatal o partidario;
  • Presencia del populismo, en su doble condición de momento y movimiento, como rasgo de la historia política nacional;
  • Sostenida polarización discursiva: el mandatario delegativo nace en la crisis y la alimenta, dicotomizando el campo político, entre “ellos” como lo antinacional y el “nosotros” como lo popular; y
  • Alianzas contingentes con fuerzas y actores políticos menores y subordinados.

En conjunto con lo anterior, es menester subrayar que el sistema presidencial en México ha prohijado una cultura política consecuente con la idea de una figura fuerte como representante del poder Ejecutivo y predominante sobre los otros poderes y los mecanismos de decisión política en el Estado. Si bien el presidencialismo mexicano, que a mediados de la década de los setenta lo describió Carpizo (1994), ha sufrido una conversión profunda, particularmente a partir de la derrota del PRI en 2000; con el gobierno de López Obrador adquieren vigencia o se reeditan añejas preocupaciones: “¿Cómo armonizar la libertad y el orden, la libertad y la autoridad?” y “¿Cómo limitar un poder que ha crecido en tal forma que determina el destino del país y, en buena medida, las libertades de sus habitantes?” (Carpizo, 1994: 220)

 

Los antecedentes

 

El régimen político mexicano emanado de la transición del año 2000 puede ser definido como una democracia de baja calidad y un estado de legalidad incompleta (AA.VV., 2014: 34); donde se combinaban, en el orden federal, niveles modestos de cumplimiento de los elementos básicos que definen una poliarquía –entre ellos la calidad de las elecciones y vida partidista– con sistemas políticos subnacionales, que incluyen casos de democracia delegativa –con gobernadores cuasi omni?modos capaces de imponer la pauta de la vida política regional– y autoritarismo –con su cuota de represión y uso de la violencia–. Todo lo anterior dentro de un cuadro político complejo (Russo y Chaguaceda, 2016) que ubica a México por debajo de naciones comparables dentro de la región.

 

Gráfica I. Índice comparativo de poliarquía (V-Dem Institute, 2018)

 

Todo ello es resultado de un proceso democratizador dilatado, fundamentalmente enfocado en lo electoral e insuficiente para sustituir a cabalidad los cimientos constitucionales, institucionales y culturales del viejo régimen. En el proceso, los otrora partidos opositores -la derecha panista, que alcanzo? el gobierno nacional; y la izquierda perredista, triunfadora en varios estados incluida la capital; reprodujeron, de forma cada vez mayor, los usos y costumbres de la forma priista de hacer política.

En particular, se propagó la cultura política tradicional –con su clientelismo, particularismo y corporativismo generalizados–, misma que había sido el fundamento de la relación entre el régimen autoritario priista y la sociedad post-revolucionaria. Así, la democracia electoral no significó? un cambio importante en la vida de los mexicanos, con la excepción de cierta liberalización política –con presencia zigzagueante y no en todos los estados–, elecciones más competidas y algunas nuevas caras en la política en ciertos espacios locales y estatales.

Es decir, se valora como un error frecuente considerar que el triunfo del panista Vicente Fox Quesada en las elecciones de 2000, que rompía con la continuidad de gobiernos emanados del PRI desde su creación en 1929; había, por ese solo hecho, consolidado la democracia de México (sin omitir o negar su relevancia histórica, que significaba el corolario de una lucha de muchos años por la alternancia política en la Presidencia). No obstante, ni Fox ni su sucesor Felipe Calderón, también del PAN, fueron capaces de desmontar una vieja tradición autoritaria ni ciertos vicios políticos de la cultura del antiguo régimen priista.

La continuidad de las instituciones y de la cultura autoritaria fue favorecida también por la falta de proyectos alternativos para las estructuras básicas del Estado mexicano. Ningún partido propuso la reforma radical de un federalismo enfermo –especialmente de su eslabón más débil, el municipio– ni la creación de un gobierno verdaderamente eficaz y operativo a partir de un auténtico servicio civil de carrera, salvo excepciones como el servicio exterior y la burocracia hacendaria. La creación de organismos auto?nomos -un logro de la transicio?n- para asuntos de relevancia democrática, como el acceso a la información y la regulación electoral, devinieron disfuncionales dada su colonización por los grandes partidos –mediante la distribución de puestos– y su poder acotado.

Los mecanismos de participación ciudadana –como los consejos en diversas a?reas de las políticas públicas– y las instancias institucionalizadas para la rendición de cuentas en diversas dependencias y niveles de gobierno han tenido magros resultados, producto en buena medida de su creación apresurada –como respuestas a tendencias globales, ligadas a los foros y entornos internacionales donde se inserta el Estado mexicano– y su empleo como entes legitimadores de figuras y agendas políticas.

En fecha reciente, iniciativas como las candidaturas independientes y los mecanismos de democracia directa, si bien han significado la promesa de una reforma (parcial) del monopolio de la representación política, acusan la amenaza de su utilización por antiguos políticos –salidos de los partidos tradicionales– identificados con formas (neo)populistas de gobernar, a la vez que generan resistencias de los ejecutivos, congresos y partidos amenazados por la emergencia o irrupción de nuevos actores y demandas ciudadanos.

Semejante estado de cosas permite explicar por que? el estado de la ciudadanía en el país presenta, en la actualidad, una serie de claroscuros. Tanto en la dimensión individual como colectiva de la ciudadanía –y en sus expresiones civil, política y social–; éstos abarcan la distribución desigual de recursos, la distancia entre los derechos formales y las pra?cticas reales y las diferencias entre el progreso en derechos políticos asociados al proceso de transición a la democracia y el estancamiento (y retrocesos) en lo referente a los derechos civiles y sociales.

A nivel nacional, con particular arraigo en ciertas zonas, el ejercicio de la ciudadanía se ve suplantado por formas de reconocimiento y acceso a bienes y servicios con marcados signos particularistas, corporativos y clientelares; que profundizan la exclusión de los más débiles, pobres y desorganizados (Instituto Nacional Electoral y El Colegio de México, 2015; Olvera, 2014; Ríos y Wood, 2018).

Por otra parte, diversos poderes fácticos (criminales, mediáticos, eclesiásticos) ganan terreno frente a la debilidad y omisión del Estado a la hora de ejercer funciones regulatorias en diversos ámbitos de la vida social. Situación particularmente grave en el caso del crimen organizado, que deviene actor dominante en zonas grises de la institucionalidad, la territorialidad y la sociedad mexicanas, en las cuales la legalidad formal coexiste –o es suplantada– por mecanismos paralegales y violentos de resolución de conflictos, redistribución de recursos y regulación de la vida comunitaria.

El trasfondo socioeconómico de este orden político es el de tres décadas de políticas neoliberales y de retirada del Estado de sus responsabilidades para con la sociedad; expresado en una gestión poco eficaz y poco incluyente de las políticas públicas. Con un insuficiente crecimiento económico anual (de poco más de 3 % promedio durante las tres décadas pasadas), una recaudación de apenas 11% del PIB –que explica una inversión pública por debajo del 6% del PIB–, una fuerza de trabajo basada en la baja calificación, la orfandad sindical, la informalidad masiva –que ronda el 60% de los trabajadores– y unos salarios mínimos insuficientes para cubrir las necesidades básicas.  Así, en las últimas dos décadas, la riqueza nacional aumentó y se concentró -con 1% de la población controlando 43% de la riqueza nacional-, mientras la pobreza se estanca o crece en ciertos segmentos poblacionales, alcanzando a 53.3% de la població?n. Y el salario mínimo, necesario para cubrir necesidades básicas de la ciudadanía, acusa una caída prolongada y dramática (Esquivel, 2015).

En suma, México postransición es un país donde los mínimos de un Estado de bienestar –en tanto cobertura y acceso universal a los servicios y la seguridad sociales– virtualmente no existen; y donde las diferentes instituciones y derechos ciudadanos están bajo cuestionamiento. Este es el escenario en el cual, fruto del hartazgo ciudadano, llega al poder López Obrador y su proyecto político, conocido como la Cuarta Transformación (4T).

 

La 4T: democracia delegativa en rápida construcción

 

Al observar los elementos arriba identificados de la democracia delegativa, el gobierno de López Obrador muestra, a seis meses de su arribo al poder, trazos que le ubican en camino a clasificarse como aquel tipo de régimen. Su emergencia contenciosa se produce como resultado del estancamiento socioeconómico y el cuestionamiento generalizado del sistema de partidos y las élites dominantes. A su vez, la democraticidad (amplia) de origen se expresó con el apoyo en las urnas de 30 millones 46 mil sufragios, un 53.17 por ciento del total de los votos emitidos. Porcentaje de respaldo y aprobación que se incrementó en los primeros tres meses de gobierno según encuestas publicadas, pero que acusó un leve descenso para los seis meses de su mandato.

 

Gráfica II. Consideraciones sobre el rumbo del país (Grupo de Economistas y Asociados e Investigaciones Sociales Aplicadas, 2019)

 

De acuerdo con la firma De las Heras Demotecnia, en los primeros cien días de su administración, el 80% de las personas aprobaban el desempeño del mandatario. No obstante, para mayo de 2019 (a seis meses de iniciada su gestión), López Obrador habría registrado un descenso de diez puntos porcentuales, al ubicar que el 70% de los encuestados elogiaban su gobierno. Entre los temas que los consultados señalaban como preocupantes (y que presumiblemente habrían empeorado) destacaba la seguridad, la corrupción y la educación pública. En el mismo estudio sobresale que un 40% de los encuestados confía mucho en las acciones del presidente frente a 30% que confía algo, 18% poco y 12% nada. (Forbes Staff, 2019, 27 de mayo)

 

Gráfica III. Gobierno de AMLO tiene el 70% de aprobación (De las Heras Demotecnia, mayo de 2019)

 

En tanto, para el mismo periodo de seis meses, el periódico El Universal valoraba en 72% la aprobación del presidente López Obrador y le otorgaba, según su propia encuesta, una calificación de 7.3, en una escala de uno a diez. (Redacción El Universal, 2019, 11 de junio). Por su parte, el medio nacional El Economista situaba en los primeros cien días una popularidad presidencial del 78%, la cual habría descendido, con base en una encuesta de la empresa Consulta Mitofsky, a 61% a la segunda semana de abril de 2019.

El aparente descenso en 17 puntos porcentuales, según esta fuente, habría sido consecuencia del impacto negativo en los mercados financieros por la cancelación de la construcción del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (–AICM– en el municipio de Texcoco, Estado de México), con la implicación de indemnizaciones millonarias; la construcción de una refinería en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco; con un costo superior a los 8 mil millones de dólares estadounidenses (ambos proyectos sometidos a consulta popular); el registro de 8,493 personas asesinadas en el primer trimestre de 2019 (cifra considerada como la más alta desde 1997) y despidos masivos en dependencias del gobierno federal (Agencia AFP, 2019, 1º de junio). Se mantiene una democraticidad (acotada) de funcionamiento, pues las libertades políticas básicas se conservan, si bien tensionadas por alegaciones de uso punitivo de instituciones fiscalizadoras (Carretto, 2019, 15 de febrero; López, 2019, 18 de febrero; Morales, 2019, 18 de febrero; y Garciaheredia, 2019, 18 de febrero), por el acoso cibernético a críticos de la 4T (Redacción Aristegui Noticias, 2019, 12 de marzo; y Signa_Lab ITESO, 2019, 28 de febrero), así como por la polarización discursiva que, desde la narrativa oficial, divide a los partidarios del gobierno –el pueblo bueno– de sus opositores –denostados como conservadores– tanto de la derecha como de la izquierda (Redacción El Financiero, 2019, 8 de enero) e incluso de la sociedad civil.

En marzo de 2018, el entonces candidato señaló “Le tengo mucha desconfianza a todo lo que llaman sociedad civil o iniciativas independientes. El problema es que han simulado demasiado con lo de la sociedad civil, es como lo de las candidaturas independientes que son independientes del pueblo, no de la mafia del poder” (Milenio Digital, 2018, 22 de marzo). Posteriormente, instalado en la Presidencia, los cuestionamientos han seguido en el mismo sentido (Agencia El Universal, 2019, 13 de febrero).

En adición, en sus primeros meses, el presidente de la República manifiesta una tendencia recurrente a la descalificación de sus opositores, particularmente sobre aquellos que emiten, en determinados medios de comunicación, observaciones a fallas o errores propios de su gestión. Es decir, López Obrador agudiza y personaliza, desde su posición de Jefe de Estado, una crítica a las editoriales o columnistas de algunos medios de la prensa escrita. En concreto, habría demostrado un franco enfrentamiento con el periódico de circulación nacional Reforma, al cual estigmatiza como conservador, reaccionario y/o enemigo de la 4T (Infobae, 2019, 26 de abril).

Al respecto, voces como las de Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la organización Artículo 19; advierten sobre los peligros que las declaraciones presidenciales vulneren aún más la integridad de los periodistas (ejemplificadas con amenazas directas contra directivos de Reforma emitidas por seguidores de la 4T en redes sociales) (Álvarez, 2019, 25 de abril).  El presidente insiste en contraponer a la vituperada democracia representativa la virtuosa democracia participativa, al señalar: “Son dos tipos de democracia, existe una democracia representativa que es la del Congreso y existe también, debe existir, la democracia participativa, no es de que la democracia termina, se agota, en una elección constitucional y ya se eligieron a los diputados, a los senadores, inclusive al presidente, yo me voy a someter a la revocación de mandato; cada dos años se les va a preguntar a los ciudadanos: ¿quieres que continué el presidente o que se vaya, que renuncie?, porque el pueblo pone y el pueblo quita” (Milenio Digital, 2018, 22 de marzo).

Esta propensión a la democracia participativa se materializa con la convocatoria frecuente de López Obrador a las “consultas ciudadanas”. Esta condición tiene sus antecedentes desde la época en que se desempeñaba como jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal (2000-2005) y que se ha extendido a su mandato presidencial. Hasta la fecha se contabilizan, al menos, 10 consultas (todas propuestas durante su campaña electoral previa), relacionadas con: la obra del AICM en Texcoco o Santa Lucía, las construcciones del Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas; plantación de árboles frutales y maderables; otorgamiento de becas y capacitación laboral a jóvenes; aumento de pensión a adultos mayores y pensiones a personas con capacidades diferentes; operación de termoeléctrica en Morelos; desarrollo del istmo de Tehuantepec; atención médica a personas sin servicios de salud y cobertura nacional gratuita de Internet.

Además, propone someter a consulta la revocación de mandato y el enjuiciamiento a ex presidentes de la República. Esta situación, en principio, implicaría dos problemas políticos concretos con incidencia negativa en la construcción de la democracia representativa: por un lado, la delegación de la responsabilidad en la sociedad, con lo cual el gobierno justificaría sus decisiones como producto de un mandato popular; y, por otro, incidir o impulsar a su “base o núcleo duro” (simpatizantes o miembros de su movimiento) a participar cívicamente en la validación de acciones (las cuales previamente habrían sido consideradas), relegado a sus opositores, quienes tienden a no intervenir por dudar del método y no legitimar determinadas decisiones; y alejado a la sociedad mexicana en su conjunto, conocida por su acentuado desinterés o escasa proclividad a la participación política.  El personalismo y decisionismo han marcado todo el período del 1º de diciembre a la fecha. Las conferencias mañaneras del presidente fijan la postura gubernamental –y, en buena medida, mediática y social– sobre distintos asuntos de la vida nacional, el desarrollo de las políticas públicas y la dinámica política nacional (Najar, 2019, 31 de enero). Su formato, el estilo responsivo del mandatario y las recientes restricciones anunciadas al acceso de la prensa (Forbes Staff, 2019, 14 de marzo) las posicionan como una caja de resonancia, poco dialógica, del discurso oficial.

Para el investigador y académico Mauricio Merino las decisiones de López Obrador “descansan más en sí mismo que en la construcción de un entramado institucional; es decir, de nuevas reglas e instituciones que le den aliento al cambio y que no dependa sólo de la bondad de las personas o de la buena intención de quien gobierna temporalmente” (Morales y Zavala, 2019, 1º de junio). A lo anterior se agrega que el gozo de una amplia mayoría legislativa en ambas cámaras le ha permitido impulsar cambios o promover leyes con un margen temporal acotado (o lo que se conoce con el anglicismo fast track) y con un desentendimiento de las voces opuestas. Sobresalen, por ejemplo, la creación de la Guardia Nacional (cuya estructura y esencia es eminentemente militar) y la abrogación de la reforma educativa.

Este contexto también le ha permitido incurrir en una eventual “invasión” a las facultades de otros poderes del Estado y de entidades autónomas. Destaca la promoción de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, cuya esencia radicaba en que ningún funcionario del Estado ganase más que el presidente, quien se asignó un sueldo de alrededor de 108 mil pesos netos mensuales (unos 5,500 dólares estadounidense al tipo de cambio de diciembre de 2018). Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró la invalidez total de ese marco legal (Notimex, 2019, 20 de mayo), el presidente no ha cejado de manifestar sus desencuentros con el Poder Judicial. Se subraya, por ejemplo, un tenue, pero latente interés por frenar, por medio de disposiciones legislativas, la actuación de jueces y magistrados, quienes han validado amparos a una serie de disposiciones presidenciales.

En cuanto al movimientismo, Morena es concebida -y opera- como un partido-movimiento altamente centralizado, sin corrientes internas y con debates acotados a las decisiones y urgencias de su liderazgo (Bolívar, 2014; Espinoza y Navarrete, 2016; y Arroyo, 2018, 1º de julio). En la ideología fundacional de Morena, el paradigma del nacionalismo revolucionario y el nexo líder-masa remiten a la tradición populista arraigada en la cultura política nacional (Ackerman, 2018, 24 de septiembre). Lo que no afecta las alianzas contingentes con los evangélicos del PES, los leninistas del PT y los tránsfugas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

La escasa consultividad y deliberación en las decisiones gubernamentales relativas a la inversión y las políticas públicas se han hecho patentes, entre otros casos, en la convocatoria ad hoc de consultas populares impulsadas desde el Ejecutivo. La consulta no se ajustó a la ley: el presidente electo -que la inicia- no estaba en funciones; el Congreso –dominado por Morena– no emitió convocatoria y se realizó fuera de tiempos electorales.vii Al respecto, López Obrador señaló: “si esperábamos teníamos que hacer la solicitud de consulta como lo establece el artículo 35 de la Constitución y nos iba a llevar tres, cuatro o seis meses para aplicarla y esto significaba darle más tiempo a inversiones ya en proceso y no tomar la decisión pronto” (México decide, 2018; y Sandoval y Welp, 2018).

Dados estos antecedentes, el INE rechazó encargarse de una consulta ajena a la normatividad; por lo que se contrató a una empresa privada y se acudió al trabajo de miles de voluntarios para organizar las mesas. Según datos revelados, 761,681 participantes apoyaron el proyecto oficial (reacondicionar base aérea de Santa Lucia), 316,765 votaron por continuar la construcción del aeropuerto en Texcoco y 10,562 votos fueron nulos, para un total de 1’089,008 de votantes, apenas el 1.19% del padrón electoral. Mientras, la ley señala que una consulta popular será vinculante cuando la participación total corresponda, al menos, al 40% de los electores.

Sin un órgano responsable de supervisar que la equidad de la consulta, hubo denuncias de votos múltiples y sin acreditar la credencial de elector, pudiéndose registrar más de una vez un mismo votante. Tampoco hubo garantías del resguardo de los votos, pues éstos se trasladaron a los domicilios de los voluntarios que apoyaron en las mesas de votación. No obstante, el gobierno electo declaró que los resultados tendrían un efecto vinculante. 

Partiendo de los objetivos presumibles de legitimar una decisión gubernamental ya tomada –bajo la premisa de delegar a la ciudadanía las responsabilidades de sus impactos futuros–, el bajísimo porcentaje de votación y la falta de transparencia y equidad del proceso revelan un uso indebido del mecanismo democrático-participativo denominado consulta popular; la cual tendrá su representación máxima en el proceso de revocación de mandato prevista para marzo o julio de 2021 (en sintonía con las elecciones intermedias).

La preeminencia de la filiación política por sobre las credenciales técnicas dentro de los cuadros del actual gobierno es reconocible. Al respecto, el intelectual marxista Carlos Illades expresó:

La sofisticación de algunos campos de la administración central, de los organismos descentralizados o de las empresas paraestatales -en materia jurídica, tecnológica, financiera o científica- frente a la debilidad, numérica y de calificación, de la intelligentsia de la izquierda, complicaron el relevo gubernamental. La contundente victoria electoral genero? expectativas muy altas acerca de la capacidad de gestio?n del nuevo gobierno, carente de los cuadros suficientes y habilitados para cubrir los huecos que dejó en la administración pública la reducción de salarios de la alta burocracia. (Illades, 2019, 28 de marzo).

En materia económica, el 24 de mayo de 2019 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) anunció una disminución de 0.2% en términos reales del Producto Interno Bruto (PIB) de México para el primer trimestre de 2019 con relación al cuarto trimestre de 2018. El PIB de las actividades secundarias se redujo 0.6% y el de las terciarias 0.2%; mientras que el de las primarias aumentó 2.6% en el trimestre enero-marzo frente al trimestre previo. Si bien el PIB registró un descenso en el primer trimestre de la era López Obrador frente al último trimestre del gobierno de Enrique Peña Nieto, en su comparación anual, el PIB manifestó un incremento real de 0.1% con relación al mismo lapso de 2018. El comportamiento de la Tasa de Desocupación, o el porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA) sin trabajo, durante el último año fue el siguiente:

 

Gráfica IV. Tasa de Desocupación (INEGI)

 

En el último año, de mayo de 2018 a abril de 2019, el INEGI estima que la TD tuvo un ligero incrementó de 3.2% a 3.5% de la PEA. En tanto, la inflación en el último año, de junio de 2018 a mayo de 2019, ha registrado un leve descenso: de 4.65% de inflación anual a 4.28%

 

Gráfica V. Porcentaje de inflación (INEGI)

 

Si bien las últimas cifras en materia económica no muestran un desajuste grave al inicio de la actual administración, lo cual contradice los alarmantes presagios previos de la oposición a López Obrador; no se pueden subestimar algunos indicadores preocupantes: una reducción de las perspectivas de crecimiento de la economía mexicana de entre 1.1% y 2.1% a 0.8% y 1.8%, según las últimas cifras del Banco de México; sumadas a los pronósticos de crecimiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) de 1.6% en 2019 y 1.9% en 2020, comparados con el 2% previsto en 2018 (León, 2019, 31 de mayo).

Asimismo, se reportaría, con base en datos ofrecidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), una desaceleración en la creación de empleos. Los 303,545 empleos formales originados de enero a mayo de 2019 representarían el número más bajo desde el periodo de enero a mayo de 2013 y frente al registro en los primeros meses de 2018 observarían una caída del 38% (Sarmiento, 2019, 21 de junio). Según analistas financieros, esta posición de debilidad en el crecimiento económico y la generación de puestos de trabajo, aun cuando tiene componentes de influencia externa, también derivaría de las reacciones negativas e incertidumbre de los mercados a ciertas decisiones del gobierno de López Obrador y su supuesta renuencia a aceptar su responsabilidad en la materia.

Por último, un aspecto altamente relevante de la actual administración se relaciona con el destino y asignación de los recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación. En un contexto de debilidad económica y financiera, caracterizado por una fuerte deuda heredada de gobiernos anteriores, un complejo entorno global y baja recaudación fiscal; el gobierno de López Obrador habría profundizado su idea de la “austeridad republicana” en aras de un supuesto equilibrio de la finanzas públicas y evitar un déficit presupuestal. Sin embargo, sus detractores acusan una irresponsable y significativa disminución de recursos en áreas altamente sensibles (salud, burocracia, educación, estancias, entre otras), con la presumible intención de privilegiar sus propios programas sociales para generar, desde la perspectiva opositora, amplias “clientelas políticas” que le sirvan de soporte futuro.

 

Conclusiones

 

Al imponerse el 1 de julio la fórmula encabezada por Andrés Manuel López Obrador, el orden político mexicano cambió radicalmente. Pues se mezclan, dentro de una misma alianza y proyecto de gobierno, varios factores político-institucionales  que –en lo individual y sobre todo en su conjunto– tensionan profundamente la precaria poliarquía construida en las últimas décadas. El primero es el liderazgo carismático de López Obrador. En segundo lugar, un partido forjado alrededor del líder, donde el verticalismo decisorio y la lealtad al máximo dirigente aparecen como ejes principales de la acción política. En tercer orden, el logro de una mayoría en el Legislativo y en buena parte de los gobiernos territoriales, que reducen a la mínima expresión el contrapeso opositor. Factor agravado por el desgaste, desorientación y desmoralización visibles en los grandes partidos rivales –PAN, PRI y PRD– ante la eventual hegemonía morenista.

A estos elementos  sumemos otros socioculturales. Una cultura política poco dada al respeto a la ley y el pluralismo democrático, en la que coinciden representantes radicales de la izquierda, conservadores del mundo empresarial y fundamentalistas religiosos. Que se articula con una opinión pública esperanzada de cambios radicales y rápidos, la cual previsiblemente toleraría el decisionismo como vía para avanzar la “agenda de cambios”.

No todo son malos augurios ante el nuevo gobierno. Un realineamiento de segmentos de élite, capas medias y trabajadores -con López Obrador como árbitro y Morena como pivote- podría tal vez reimpulsar cierto capitalismo nacional y expandir la (hoy miserable) redistribución de riqueza. Sin embargo, el cóctel resultante de la suma de los factores arriba mencionados tiende a la democracia delegativa.  Modelo que, en dependencia de las resistencias sociales, reacomodos internos y presiones foráneas que caigan sobre el nuevo bloque hegemónico, podrá conducir en un mediano plazo –2024– a una alternancia democrática o, en el peor escenario, a un autoritarismo competitivo.

Por último, es relevante la necesidad que el gobierno de López Obrador, que pareciera correr a contracorriente luego de la consolidación de procesos políticos de derecha en Estados Unidos y varios países latinoamericanos, inclinase su mirada y atención a las consecuencias y/o experiencias de los gobiernos de izquierda en el sur del continente, inscritos en lo que se conoció como la “marea rosa”.

Sus aparentes fracasos, que en algunos casos convalidaron el retorno de partidos de derecha o marcaron una preocupante tendencia de derechización política, pudiesen resumirse en la confrontación, el maniqueísmo y la arrogancia política (Argentina); el pragmatismo excesivo y la desatención de la seguridad pública (Brasil); el ahogamiento del debate al interior del partido y el descuido de la construcción partidaria (Chile); el excesivo protagonismo y la conflictividad (Ecuador) y un gobierno montado sobre un movimiento social en torno a un líder carismático y no por la vía del partido político (Bolivia).

Es menester, en ese sentido, que el gobierno mexicano actual sea sensible y dúctil para aprender de las experiencias políticas e históricas propias o ajenas, en aras de retomar el inconcluso proceso de consolidación democrática, insustituible para combatir la corrupción y priorizar la justicia social como dispositivos necesarios para que el cambio político recale en una auténtica transformación.

 

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Armando Chaguaceda, politólogo, historiador y profesor de la Universidad de Guanajuato y estudia la relación entre la sociedad civil, las instituciones políticas y la democratización (y la desdemocratización) en América Latina y Rusia.

Demián León, estudiante de doctorado en Ciencias Sociales en la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guanajuato. Licenciado en Relaciones Internacionales y maestro en Ciencias Sociales.

 

 

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Notas

i Politólogo, historiador y profesor de la Universidad de Guanajuato y estudia la relación entre la sociedad civil, las instituciones políticas y la democratización (y la desdemocratización) en América Latina y Rusia.

ii Estudiante de doctorado en Ciencias Sociales en la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guanajuato. Licenciado en Relaciones Internacionales y maestro en Ciencias Sociales.

iii Clasificado como un partido político de centro-izquierda y democrático en sus órganos de decisión (según sus estatutos internos); el cual surgió como asociación civil en 2011, obtuvo su registro formal como partido político por el Instituto Nacional Electoral (INE) en julio de 2014 y con primera participación electoral federal en julio de 2015 (Bolívar, 2017). Estudios académicos sugieren que el partido nació con una base social amplia, pero como una forma de canalizar o satisfacer los intereses y deseos de su “líder carismático”, quien concentraría las decisiones de manera personal (no democrática) e integraría su estructura de mando con ex colaboradores o actores leales a su persona; además de su limitada presencia nacional (hasta antes de las elecciones de 2018) y un discurso antagónico que reduce la cercanía con algunos sectores (no precisamente ideologizados) o de rechazo de elementos decisivos del poder económico (nacional e internacional) (Bolívar, 2017; y Espejel, 2015).

iv 56.6 millones. Es decir, la participación del 63.4% de la lista nominal.

v En alusión a los ex presidentes Benito Pablo Juárez García, Francisco Ignacio Madero González y Lázaro Cárdenas del Río.

vi El proyecto V-Dem, iniciativa conjunta del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Gothenburg y el Kellogg Institute en la Universidad de Notre Dame, genera una robusta base de datos anualmente actualizada, que mide siete formas de democracia: electoral, liberal, participativa, deliberativa, igualitaria, mayoritaria y consensual. En adición, reconstruye la trayectoria de los regímenes políticos del mundo, de 1902 al presente.

vii La Ley Federal de Consulta Popular (2014) permite este proceso de deliberación sobre temas de trascendencia nacional, previa convocatoria del Congreso de la Unión a petición del presidente de la República; con el 33% de los integrantes de cualquiera de las Cámaras del Congreso o de un 2% de los electores. Las consultas deben realizarse el día de la elección federal, por lo que en este caso se produciría en los comicios intermedios de 2021.

 

Foto: Getty images

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